"Estamos dando una atención especial a la región andina, debido a lo que ocurre allí", declaró el director de la División en español, el cubanoamericano Alberto Mascaró al colaborador de El Nuevo Herald, el veterano Juan O. Tamayo.

La información tiene que ser cierta. Varios periodistas del Herald en español han sido denunciados en el pasado por su bien remunerada colaboración con Radio y TV Martí.

Por su parte, Juan O. Tamayo ha sido contratado hace unos meses por el ICCAS del ex analista CIA Jaime Suchlicki, un organismo fuertemente subsidiado por la USAID para realizar "estudios" sobre Cuba.

La VOA penetra ya la zona geográfica con su información "made in USA", orientada a favorecer los intereses de las oligarquías.

Según Tamayo, "cuenta con 319 estaciones radiales afiliadas en la región de los Andes, que transmiten sus programas gratis, —199 en Bolivia, 77 en Colombia, siete en Ecuador y Perú, respectivamente" .

La VOA está obligada a observar normas de "exactitud, equilibrio, carácter abarcador y objetividad" , asegura el artículo, citando al pariente de Pedro Roig.

Es sin duda con este propósito que este órgano "imparcial" del Departamento de Estado se dedica desde años, en Venezuela, a "arremeter contra la economía difundiendo noticias falsas sobre desabastecimiento, programas de confiscaciones del gobierno bolivariano; movimientos en los cuarteles, noticias sobre corrupción ‘documentada’ de los funcionarios" , como lo señaló el sitio Web Aporrea.

Para alcanzar sus objetivos, la VOA usará las instalaciones de producción de Radio y TV Martí lo que, según el rotativo mafioso de Miami, ha alimentado "especulaciones de que las estaciones Martí acabarán pasando a formar parte de la VOA". Radio y TV Martí han sido sacudidos por varios escándalos de corrupción, en los últimos años.

Lo más divertido es que Alberto Mascaró, quien anunció la nueva orientación de la VOA, es nada menos que el sobrino de la esposa de Pedro Roig, director general de Radio y TV Martí, corporación famosa por dedicarse a contratar a las amistades de sus "capos".

Ex director de la Interamerican Military Academy de Miami, Roig fue formado por la CIA en Fort Benning al lado del terrorista internacional Luis Posada Carriles, como sicario de la Operación 40, con vistas a la fracasada invasión de Playa Girón.

En agosto, Pedro Roig, quien siempre tuvo puestos de trabajo para su parentela, mandó a la calle a 35 empleados de esta corporación, que se dedica a fabricar calumnias contra Cuba, que luego no logra difundir.

Increíblemente, las estaciones de propaganda anticubana Radio y TV Martí tienen unos 170 empleados y un presupuesto para el 2009 de 34,8 millones de dólares y no llegan a difundir su programación en Cuba, a pesar de sus intentos a menudo descabellados. Mientras tanto, para transmitir en toda América Latina la propaganda imperial, la división en español de la VOA tiene... 21 empleados y un presupuesto de 3,1 millones de dólares para el 2009.

Mientras Estados Unidos vive su peor crisis desde los años 30, dispone de dinero abundante para la guerra sucia del imperio contra América Latina.

Enviado por
Revista Koeyú Latinoamericano

César Jiménez, Roberto Vergara y Gustavo Jiménez, todos pertenecientes a la Radio 2000 del sector de Montedónico, Playa Ancha, asistieron a la audiencia de formalización realizada esta mañana, y aceptaron -al igual como lo hicieran los miembros de la emisora UV 15 el pasado viernes- la medida de suspensión condicional del juicio por un año, propuesta por el Tribunal.

La suspensión del juicio implica entre otros puntos, el cese de las transmisiones de la emisora y la entrega de la antena y el transmisor

que les fueron incautados en  el allanamiento realizado a la radio el pasado 30 de julio, a favor de la parte demandante, la ARCHI.

“Queremos dar por finiquitado este amargo momento para nosotros y empezar de nuevo, buscar lo que más nos gusta que es comunicar y ayudar a la ciudadanía” indicó César Jiménez a la salida de la audiencia.

Esta formalización es parte de una ya extendida maniobra que busca acallar a diversos medios comunitarios y ciudadanos a lo largo de todo Chile: radio Sin Tierra, Placeres, UV 15, Conexión, 2000, Renacer y otras, además de algunas televisoras comunitarias en distintas regiones, han debido enfrentar operativos de hostigamiento, allanamientos o procesos judiciales por encontrarse transmitiendo fuera de la normativa legal vigente, normativa que reserva el espacio radioeléctrico mayormente para los operadores comerciales.

Roberto Vergara, locutor de la emisora expresó que “me siento mal porque es como que cortan parte de mi voz, pero quiero luchar para que no me hagan callar, quiero seguir en lo que estoy haciendo y por eso espero que se siga solucionando este problema y puedan darnos algún día la concesión que necesitamos para poder hacer radio, porque radios comunitarias se necesitan mucho en este país.”

Hace varios años que el gobierno a  través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones no entrega concesiones para radios comunitarias en Valparaíso. Por esta razón muchas organizaciones ejercen su derecho a contar con medios de comunicación arriesgando la presentación de querellas y la incautación de su equipamiento, medidas extremas avaladas por el aparataje estatal para acallar las expresiones libres, populares y comunitarias.

FUENTE:
Equipo LaRadioneta
VALPARAÍSO
www.laradioneta.cl

 En peligro la libertad de mentir y manipular

Estimados amigos,

       El control de los medios de comunicación, ha sido, desde siempre, uno de los principales elementos de dominación en nuestros países latinoamericanos. La etapa de concentración de diarios, radios y canales en manos de corporaciones enlazadas con  poderosos intereses económicos que se inició en la segunda mitad del siglo XX, multiplicó y extendió esa capacidad de moldear la conciencia de las sociedades a través del sistemático bombardeo de mentiras y manipulaciones.

       Ahora, en tiempos de cambio, algunos gobiernos intentan modificar las normas que desde las dictaduras o los gobiernos neoliberales han permitido el crecimiento

sin pausa de monopolios que controlan el estratégico espacio de los medios de comunicación. 

      La reacción, previsible, es que la maquinaria de desinformación se ha lanzado a frenar el ejercicio soberano de esos gobiernos argumentando que está en peligro la libertad de expresión.  Ellos, los dueños de la prensa, los que callaron y aplaudieron cuando las dictaduras militares bendecidas por las oligarquías y los gobiernos norteamericanos ensangrentaron nuestros países y aplastaron el menor vestigio de independencia informativa o cultural, reclaman ahora por la "libertad de expresión". Pero sus mentiras ya no caen en terreno ingenuo y fértil. Los pueblos han acumulado años de experiencia en sus luchas, y tienen conciencia de que "esa" prensa  les miente, les oculta, les manipula.

     Pero no está de más que recordemos como se mueven estos hasta ahora privilegiados parásitos que hacen sus negocios con su industria de colonización ideológica y cultural.  Ese es el propósito de la nota que hoy compartimos con todos Ustedes.

   Un cordial saludo.

   Carlos

   Redacción de SERPAL-   Servicio de Prensa Alternativa.

______ LATINOAMÉRICA:

 En peligro la libertad de mentir y manipular 

 En peligro la libertad de mentir y manipular 

*  Por Carlos Iaquinandi Castro, redacción de SERPAL.

Las casualidades suelen ser puntuales. Cuando se repiten o se multiplican, dejan de ser casualidades. Eso es lo que ocurre en estos últimos días con los quejidos que parten desde diversos sectores de poder con respecto "a los riesgos que corre la libertad de expresión" en algunos países del continente. Desde Nueva York a Buenos Aires, pasando por México o Santiago de Chile, pero también con "sucursales" en Europa,  las usinas corporativas redoblan su campaña en defensa del control que ejercen en los grandes medios de comunicación.  

  Los procesos populares en marcha han afrontado que la casi totalidad de los medios privados, diarios, radios y canales, fueran  -desde antes de las victorias electorales -  un verdadero "coro mediático" de feroz oposición, que no duda en recurrir a la mentira, a la manipulación y al silencio sobre avances y conquistas sociales. 

   Su condición de ser prácticamente las únicas referencias informativas para gran parte de las sociedades, alimenta de forma permanente un clima de "acoso y derribo" hacia los líderes y los gobiernos populares.

   Conscientes del riesgo que este manejo monopólico de los medios implica para los procesos que intentan cambios y transformaciones ajustados a las necesidades nacionales, varios gobiernos han decidido afrontar el problema a través de cambios normativos que permitan un acceso plural y democrático a los medios. Esas medidas justas y soberanas, han encontrado la respuesta concertada de las corporaciones mediáticas y de quienes coinciden con sus intereses económicos y de dominación cultural e ideológica.  En definitiva, es un escenario más de confrontación entre los pueblos que avanzan en sus propósitos de auténtica autodeterminación, soberanía y justicia social, y los círculos minoritarios que de una forma u otra, siempre han ejercido el verdadero poder.

La "libertad" de la prensa golpista en Venezuela.

   El redoble por lo que las grandes corporaciones de la comunicación entienden por "libertad de prensa" aumentó en los últimos meses, cuando comprobaron que el disfrute de espacios, licencias y privilegios que gozaron durante tantos años como eficaces soportes de dictaduras o gobiernos neoliberales estaba en riesgo.  En Venezuela, clamaron cuando el gobierno no renovó a su término la licencia del grupo privado Radio Caracas Televisión.  En su historial, RCTV tiene el mérito "democrático" de haber participado activamente en el golpe militar de abril del 2002 contra el gobierno constitucional de Hugo Chávez.  Y fue Marcel Granier, propietario de RCTV quien le garantizó al presidente de facto Pedro Carmona, "El Breve", que podía contar con el apoyo de los medios privados de comunicación. Carmona duró unas pocas horas a pesar del respaldo de las administraciones de George Bush y de José María Aznar, pero Garnier siguió su "guerra" atacando y difamando al gobierno y esperando otra oportunidad golpista. El gobierno ejerciendo su facultad constitucional, no renovó la licencia. Eso se tradujo en titulares como: "Clausuran el principal canal privado de Venezuela" y similares. Otros no tenían reparos en hablar de "dictadura mediática" o "control de la prensa" por el gobierno. En un reciente artículo, el profesor Emir Sader recordaba que de 709 radios venezolanas, 706 pertenecen a empresas privadas y 3 a entidades estatales.  De los 81 canales de televisión, 2 son estatales 79 privados. En cuanto a los diarios, de los cuales 12 tienen carácter nacional y 106 son regionales, todos son privados. En su casi totalidad, pertenecen a grupos económicos nacionales o regionales, algunos con vínculos con empresas extranjeras y " ejercen la pro-oposición".  Pero lo que quedan en algunas mentes son los gritos y las imágenes que profusamente difunden esos mismos medios y sus cómplices internacionales.

En Ecuador también "se acaba la fiesta".

   En Ecuador, los principales diarios y canales de televisión, apostaron por el magnate Alvaro Noboa en las elecciones presidenciales que ganó Rafael Correa y su movimiento País.  Desde entonces no han cesado de ejercer una oposición sistemática a través de una información sesgada. Ahora afrontan la demanda de organizaciones sociales como la CORAPE, Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador, ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y otros, incluyendo movimientos indígenas, campesinos, sindicales, estudiantiles, etc. en favor de una verdadera libertad de expresión, acceso democrático a los medios, información plural.  El propio presidente Correa ha denunciado que "terminará la etapa de la dictadura mediática" a través de medidas legales, que incluyen la cancelación de licencias de obtenidas de forma irregular.

   Reveló que uno de los principales canales, Teleamazonas, que es propiedad de uno de los hombres más ricos del país, señalado como gestor económico de los fondos de la Iglesia Católica Ecuatoriana, facturó muchos millones en ventas, pero en siete años no pagó un centavo de impuestos aduciendo que "tenía pérdidas". Los propietarios de los diarios se quejaron cuando el gobierno dispuso terminar con los privilegios que disfrutaban y gravó la importación de papel en un 12 por ciento.

  Dueños de los grandes canales como Ecuavisa o Teleamazonas recibieron en años anteriores del Banco Central dólares a menor costo que en el mercado libre, "para facilitar la compra de producciones televisivas en el mercado norteamericano". Muchos de sus directivos hicieron fortunas comercializando estas divisas a su valor de mercado.  Los diarios más importantes, "El Comercio" o "La Hora" de Quito, o "El Universo" de Guayaquil, tenían sus acciones en manos de personas o empresas domiciliadas en las Islas Caimán y en otros paraísos fiscales con el objeto de evitar el pago de sus impuestos. Una de las medidas de Correa ha sido prohibir a las instituciones del Estado contratar publicidad con empresas que tengan sus sedes o depósitos económicos en esas islas de impunidad fiscal.

También ha puesto en marcha la Radio Pública del Ecuador, con alcance nacional y una programación que procura validar una información plural y contrastada, recoger todas las voces y opiniones y la cultura nacional en todas sus vertientes.

Bolivia, la conjura de los medios.

  Las conspiraciones permanentes contra el gobierno popular liderado por Evo Morales, ha tenido un inclaudicable apoyo de los medios de comunicación. A los ya tradicionales, que fueron portavoces de gobiernos neoliberales y de las varias dictaduras militares que soportó el país durante el siglo XX, se han sumado otros que cuentan con capital y directivas que provienen de transnacionales como el grupo español Prisa, que edita "La Razón". No hace falta calificarlo, cualquiera puede acceder por Internet a sus páginas,

y deducir que intereses defiende este grupo que también desembarcó allí con otro ariete cultural, la editorial Santillana, a la que recientemente el gobierno boliviano quitó la concesión para libros escolares cuestionando sus textos colonialistas y contrarios a la condición multicultural del estado boliviano. "La Razón" ha torpedeado con sus editoriales, sus sesgadas noticias y sus columnistas, el proceso de nacionalización de los hidrocarburos, y ha defendido desde sus páginas los intereses de la transnacional Repsol, también de origen español. 

   El gobierno ha promovido una red de emisoras que tienen un fuerte contenido educativo y que respetan las distintas lenguas y culturas indígenas, pero el acceso y control de los principales medios gráficos y televisivos está casi enteramente en manos privadas, es decir en grupos económicos que tienen estrechos vínculos y comparten intereses con los partidos tradicionales hoy en la oposición.

  Los medios regionales, como "El Deber" de Santa Cruz de la Sierra, se han enrolado en las batallas "autonómicas" con las que las oligarquías departamentales han intentado bloquear el proceso constituyente y otras reformas del gobierno boliviano. Este diario es el de mayor circulación y es el medio más significativo de la familia Rivero, miembro destacado de la oligarquía tradicional propietaria de medios de comunicación, como detalladamente señala en un informe el periodista Pascual Serrano. Como es habitual, los Rivero han extendido su control a otros medios, con la compra de acciones del canal PAT, que pertenece a la familia Daher, otro empresario de Santa Cruz, dueño también de la aerolínea Aerosur.  Ambos medios, el diario "El Deber" y la televisora PAT, conforman el Grupo Líder con intereses en otros diversos medios.

En Argentina, una "clarinada" de alerta

  Que en Argentina la presunta independencia de los medios de comunicación sea un tema de reflexión y de debate, ya es en sí, una buena noticia. Aún cuando sea el resultado de los aullidos lastimeros de los grupos que hasta ahora depredaban fácilmente en el territorio alfombrado por la vigente legislación de la dictadura del 76. Eso sí, cabe recordar que a fines de 1989 y bajo el primer gobierno de Carlos Menem, el entonces ministro de Obras Públicas Dr. Roberto Dromi, “mejoró” aquella norma, derogando el art.45 inciso “e” de la Ley de Radiodifusión que prohibía a las empresas periodísticas gráficas el acceso a la Radio y a la TV. Nacía entonces la era de los “grupos multimedios” y la concentración en muy pocas manos de la información, el análisis y hasta de las pautas de “entretenimiento”. 

   Uno de los que creció sin cesar y se convirtió en el más poderoso grupo multimedios en Argentina es "Clarín", que practicó a rajatabla el principio de que la información es una mercancía y no un bien social. Desde su mastodónica dimensión ha ejercido como potente factor de presión "orientando" las medidas estratégicas de varios gobiernos. Fue junto con "La Nación", uno de los principales beneficiarios de la medida tomada por la dictadura militar en el 76, cuando se quedaron con las acciones de "Papel Prensa", proveedora de la materia prima básica para los periódicos, gracias al traspaso a "punta de pistola" obtenido por los represores a través del secuestro de la familia Graiver, hasta entonces propietaria. Eran tiempos en que se proclamaban "derechos y humanos", burlándose de las campañas internacionales que denunciaban el terror, la represión y la absoluta

censura periodística y cultural. Ellos eran obedientes y respetuosos de las directivas y deseos de la dictadura. Ahora, ante el proyecto del gobierno argentino de una Ley de medios Audiovisuales que entre otras medidas limita la concentración de licencias en un solo grupo, o promueve el acceso de organizaciones de la sociedad civil a un tercio de los medios, reclaman que "si una ley controla los medios, no hay libertad".  Si actualmente el grupo "Clarín" y "La Nación"  a través de sus distintos enlaces  empresariales controlan más del 80% de los medios de comunicación y existe una ley que lo permite, la pregunta obvia es :  ¿ en que consiste la "libertad" actual ? 

Cambios peligrosos…para ellos.

   Los quejidos de los grupos que ejercen el monopolio y el control de los medios en Argentina, han llegado esta semana a Europa y se han instalado en los grandes medios españoles. Les preocupa la posibilidad del cambio de legislación en Argentina, pero también temen que eso suceda  en otros países donde soplan aires de cambio que pueden afectar sus intereses.  Y cuando escribo “intereses”  no me refiero únicamente a la posible disminución de beneficios al reducirse la cuota de acceso y dominio de medios, sino a sus objetivos de poder e influencia. Porque los grupos multimedios son factorías donde se moldea la opinión pública a base de machacar a lectores, oyentes o televidentes con las mismas noticias, convenientemente orientadas y maquilladas para que cumplan los fines previstos. Y por supuesto, donde también se ocultan otras informaciones, y otros puntos de vista.

  Me explico con ejemplos: el diario español “El País” que pertenece al Grupo Prisa, ha publicado en 48 horas dos artículos referidos a la situación de la prensa latinoamericana. Desde sus titulares: “La prensa estorba al eje bolivariano", el diario “El País” no deja mucho espacio para el libre discurrir del lector. El pasado domingo “explicó” el debate en Argentina sobre la reforma de la ley de medios de la dictadura bajo estos titulares: “El matrimonio presidencial argentino maniobra para controlar los medios” y “la guerra al grupo Clarín deriva en una batalla contra todo el sector”.  En realidad, lo que está defendiendo ese diario madrileño es el acceso que tienen multinacionales de matriz española para ejercer el control de medios de los países latinoamericanos, como ya lo hizo en Argentina la empresa Telefónica, con su participación en Radio Continental, La Red, FM Hits, Telefé y diversos canales del interior. 

  Suponiendo que lo que definen como “la guerra contra Clarín”, en realidad fuera el único objetivo de la nueva legislación, PRISA, como grupo multimedios  también se siente “en guerra” y actúa en consecuencia. Y al día siguiente, el diario argentino recogió los ecos españoles de sus propios lamentos de monopolio herido, y citó que “ el diario “El País” de España, uno de los más importantes de Europa, le dedicó en su edición de ayer la tapa y sus dos primeras páginas a la ley de medios kirchnerista y a la relación con la prensa de lo que llama el ‘eje bolivariano’ a lo que hizo duros cuestionamientos.”  Y añade más adelante: “Otro diario de la península ibérica, "Público", señaló ayer en su tapa "La ley de los Kirchner contra la prensa libre". Claro que “Clarín” omitó un pequeño detalle: que ese texto en el diario español lo firmaba Miguel Wiñaski, director de la escuela de periodismo de “Clarín”.  Esa es la objetividad y la “libertad de prensa” que predican.

¿ SIP o PIS ?

    “El País” y otros medios españoles cuentan en su prédica contra los gobiernos populares latinoamericanos con el respaldo de aquella vieja conocida de los latinoamericanos, la Sociedad Interamericana de Prensa ( SIP ),  esa superestructura patronal montada en 1950 en Nueva York por los dueños de los grandes medios, que durante las dictaduras militares de los años 70 y 80, no tuvieron dificultades en confraternizar con los represores y aceptar todas sus normas y arbitrarias restricciones. Uno de sus principales  impulsores fue Jules Dubois, coronel de la inteligencia militar norteamericana. Su presidente actual, Enrique Santos,  para disculpar a los diarios que ejercen una recalcitrante oposición a los gobiernos populares apeló a una frase desafortunada y que trae dolorosas reminiscencias para los argentinos. “Claro que hay errores y excesos” afirmó el titular de la SIP, pero son parte de la “lucha de opinión”.  

   La SIP mantiene en un segundo plano la censura de prensa y la destrucción de equipos de los medios independientes en Honduras, que son parte de la represión ejercida por los golpistas hondureños. Por último,  hagamos memoria: desde 1965 a 1980 integró la Junta de Directores de la SIP la recientemente fallecida directora del diario argentino “La Nueva Provincia”, que fue el faro ideológico de la dictadura militar, impulsor de ideas fascistas, y promotor de una "represión sin debilidades" en sus editoriales. Pocos meses de consumado el golpe, dos obreros gráficos del diario que habían encabezado huelgas en reclamo del cumplimiento de su convenio, fueron secuestrados y asesinados por grupos operativos de la dictadura, crímenes todavía impunes. Entre 2000 y 2001 el presidente de la entidad fue Danilo Arbilla, ex director de prensa durante la dictadura militar uruguaya, que cerró 173 medios de comunicación en ese país hermano. La SIP es la “columna democrática” que avala la campaña contra el “eje bolivariano” que quita el sueño a las oligarquías del continente.-

   Y hace ya muchos años un escritor y pensador argentino,  dijo que "no existe la libertad de prensa, tan sólo es una máscara de la libertad de empresa."  Arturo Jauretche autor entre otras obras de "Los Profetas del Odio y la Yapa. La colonización pedagógica" escribió entonces que "los medios de información y la difusión de ideas están gobernadas, como los precios en el mercado y son también mercaderías. La prensa nos dice todos los días que su libertad es imprescindible para el desarrollo de la sociedad humana, y nos propone sus beneficios por oposición a los sistemas que la restringen por medio del estatismo. Pero nos oculta la naturaleza de esa libertad, tan restrictiva como la del Estado, aunque más hipócrita, porque el libre acceso a las fuentes de información no implica la libre discusión, ni la honesta difusión, ya que ese libre acceso se condiciona a los intereses de los grupos dominantes que dan la versión y la difunden. Mientras los totalitarios reprimen toda información y toda manifestación de la conciencia popular, los cabecillas de la plutocracia impiden, por el manejo organizado de los medios de formación de las ideas, que los pueblos tengan conciencia de sus propios problemas y los resuelvan en función de sus verdaderos intereses. Grupos capitalistas tienen en sus manos la universidad, la escuela, el libro, el periodismo y la radiotelefonía. No necesitan recurrir a la violencia para reprimir los estados de conciencia que le son inconvenientes. Les basta con impedir que ellos se formen."

 *  Carlos Iaquinandi Castro, redacción de SERPAL.

 11 de setiembre de 2009-  Enviado por SERPAL-  Servicio de Prensa Alternativa-  Suscripción gratuita a c.e. serpal@wanadoo.es -   www.serpal.info

Y sí, la palabra es ancha pero ajena

La historia de una plaga global

Diego Ghersi

La región y el mundo observan el intento del Ejecutivo argentino por promover una ley de servicios audiovisuales que acabe con la concentración mediática y amplíe la libertad de expresión.

Las expectativas globales están fundadas. Se trata de un proyecto de ley de medios audiovisuales elaborado por académicos y profesionales de la comunicación, y avalado por intelectuales de renombre y treinta años de investigación.

El proyecto emerge como el más serio intento de desbaratar el actual esquema de concentración de medios. El mismo esquema que monopoliza los mensajes para construir realidades afines a su parcialidad de clase y a sus intereses económicos.

En ese sentido, el gobierno argentino es pionero en la solución de un problema que no reconoce fronteras regionales ni mundiales.

En Chile la concentración actual de la prensa va extendiendo su influencia. En 2007 se permitió que el grupo español PRISA adquiriera doce cadenas de radio, monopolizando el 40 por ciento de las emisoras FM del país. El 21 de agosto de 2009 el Congreso aprobó una normativa que afectará al sistema radial de concesiones durante los próximos 25 años, y mantiene el actual perfil de distribución del espectro radioeléctrico, considerado como el de mayor concentración de la propiedad en la historia de la radiofonía chilena.

En cuanto a la prensa escrita, seis de los siete diarios de circulación nacional pertenecen a dos grupos económicos con una clara ideología común: Grupo Edwards (El Mercurio, La Segunda y Las Últimas Noticias) y el Grupo Saieh o COPESA ( La Tercera , La Cuarta y Diario Siete).

En Venezuela, los principales grupos que detentan el control del espacio radioeléctrico, son los dueños de las plantas televisivas RCTV y Venevisión. Ambas empresas concentran el 85 por ciento de la inversión publicitaria en medios de comunicación y el 66 por ciento del poder de transmisión; dominan las redes de difusión de señales, y controlan el 80 por ciento de la producción y elaboración de mensajes, informaciones y contenidos que se difunden en el país.

Durante varias décadas, la televisión comercial fue un oligopolio de dos familias constituidas como poderosos grupos económicos: la Organización Cisneros, dueña de Venevisión, y el grupo 1BC, encabezado por las familias Grainer y Bottomone, que controlan Radio Caracas Televisión y Radio Caracas.

Con posterioridad surgieron Televen, de Camero Zamora; Globovisión, de Guillermo Zuloaga; CMT, de Humberto Zugaro y Meridiano TV, de Armando de Armas.

Esos grupos controlan el 94 por ciento de la cobertura nacional y desarrollan el 85 por ciento de la potencia efectiva irradiada, dejando al sector público el 15 por ciento.

Los propietarios de algunos canales poseen también cadenas editoriales. Tal es el caso de Armando de Armas, propietario de los diarios 2001 y Meridiano.

Algunos canales de TV cuentan con participación de accionistas extranjeros, como es el caso de Radio Caracas Televisión, en la que interviene capital colombiano.

El espacio radioeléctrico es controlado por veintisiete familias propietarias de un tercio de las emisoras de radio existentes. De igual manera pertenecen a la esfera privada 65 televisoras de todo el país, de las que seis son de alcance nacional y la mitad está bajo la influencia de la Iglesia Católica (Televisora Andina de Merina, Canal de los Niños Cantores de Zulia y Vale TV).

En Estados Unidos, diez corporaciones poseen o controlan los grandes medios de información: prensa, radio y televisión.

Esas empresas también están vinculadas con el negocio del entretenimiento y la cultura de masas -esfera editorial, industria musical, cine, la producción y distribución de contenidos de televisión, salas de teatro e Internet- dentro y fuera de territorio estadounidense.

La situación fue destacada el 24 de agosto por Noam Chomsky, quien en una conferencia ofrecida en Caracas manifestó que “En Estados Unidos el sistema socioeconómico está diseñado para que el control de los medios esté en las manos de una minoría, dueña de grandes corporaciones (...) y el resultado es que debajo de la `libertad de expresión` están siempre los intereses financieros de esos grupos”.

En México funcionan dos poderosas cadenas, una dominada por Televisa, de la familia Azcárraga y vinculada al Grupo Cisneros de Venezuela, una de las mayores fortunas del mundo. La otra es Azteca América, de Ricardo Salinas Pliego y sus socios Pedro Padilla Longoria y Luís Echarte Fernández, ambas con inversiones en Estados Unidos.

En Brasil, el grupo O` Globo, es propiedad de la familia Marinho, de Río de Janeiro, en sociedad con el magnate mexicano Carlos Slim. Junto a los Marinho, en los últimos 20 años también se han consolidado otras poderosas familias, como los Sirotsky, dueños del grupo RBS; los Civitas, propietarios de Abril; y los Frías, impulsores de Folha.

En las manos de esos pocos propietarios está ahora la comunicación brasileña, si bien la presencia extranjera, especialmente de empresas como Televisa o Grupo Cisneros, es cada vez mayor. Incluso Telmex, la operadora de Carlos Slim, está a punto de pasar a controlar Net Serviços, primera compañía de cable hasta ahora propiedad de O`Globo.

Los ejemplos citados son muestra de una situación de compleja concentración, repetida en cualquier país que se observe, y generadora de una pelea desigual que desequilibra a los gobiernos democráticos no complacientes con los intereses corporativos mediáticos.

Romper ese esquema es hoy lo que se debate en el Congreso argentino. De ahí su importancia.

- Diego Ghersi | Redacción de APM.

Agencia Periodística del Mercosur | www.prensamercosur.com.ar

Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata.

http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=4436

http://alainet.org/active/32848

Voces para un debate jurídico

Medios, “triple play” y servicios públicos

Manuel Larrondo

El objetivo central debe ser la protección del derecho de todo ser humano a informar y estar informado

En su Art. 45 (Inciso H), la ley 22.285 - de Radiodifusión vigente - expresamente exige que las personas jurídicas que prestan un servicio público (gas, electricidad, telefonía, etc.) no puedan ser licenciatarias de una señal de radio o TV.

¿Cuál es la razón de tal prohibición? Según se desprende de los debates que tuvieron lugar al momento de sancionarse la reforma al referido Art. 45, el fin consistía en evitar la posible conformación de situaciones monopólicas derivadas de un factible abuso de la posición dominante, que podrían exhibir dichas empresas. De hecho el Decreto 62/90, que dispuso la privatización de la ex – ENTEL en 1990, prohibió expresamente a las licenciatarias del servicio básico de telefonía y telecomunicaciones en régimen de competencia (por ej. telefonía móvil o Internet, los cuales no tienen calidad de servicio público) que presten servicios de radiodifusión.

Sin embargo, la prohibición legal del art. 45 actualmente queda casi sin efecto si tenemos en cuenta que la tecnología actual permite que por un mismo conducto se transporte voz, imagen, datos, sonido; esto es, telefonía, Internet, TV y radio. Esta fusión de tecnología condujo a la unión de servicios casi de manera inescindible.

Es así que a través del decreto 764/00 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional se consagra el sistema de licencia única para la prestación de servicios de telecomunicaciones, posibilitando la integración de servicios, al permitírseles a los prestadores de servicios de radiodifusión prestar servicios de telecomunicaciones [1].

De todas formas, el referido decreto no brinda la solución mágica al problema legislativo ya que, en la actualidad, la ley 19.798 de Telecomunicaciones [2] rige esa actividad y la ley 22.285 a la radiodifusión. Básicamente, la Secretaría de Comunicaciones de la Nación y la Comisión Nacional de Comunicaciones son los órganos del Estado competentes en telecomunicaciones, mientras que el COMFER lo es en la radiodifusión.

Hasta el momento se destaca una única variante excepcional a la prestación de servicios de radiodifusión por parte de una prestadora de servicios público: nos referimos concretamente a un nuevo parche que reforma a la ley 22.285 a través de la ley 26.053, que dispone que cuando el solicitante de una licencia para la explotación de servicios de radiodifusión sea una persona jurídica sin fines de lucro prestadora de servicios públicos, la autoridad de aplicación le adjudicará la licencia, “cuando no exista en el área primaria de cobertura o área de servicio en el caso de servicios complementarios de radiodifusión, otro licenciatario prestando de manera efectiva el servicio solicitado.”

Adviértase que cuando esta ley refiere a “personas jurídicas sin fines de lucro” se relaciona básicamente a las cooperativas de trabajo que funcionan en zonas del país donde las empresas licenciatarias no prestan el servicio público de que se trate.

La autoridad otorgada por la ley a esta posibilidad de intervención de las cooperativas en la prestación de radiodifusión, tuvo su inmediato antecedente a través de las resoluciones dictadas por el COMFER 441/98 y 462/98, y por la resolución 606/01, también aprobada por ese organismo, por las cuales se modifica el criterio original del art. 45 de la ley 22.285, que sólo autorizaba a ser radiodifusores a las sociedades comerciales.

En este punto, además, deben tenerse presente los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre ellos, “Asociación Mutual Carlos Mujica c/ Estado Nacional (PEN-COMFER) s/ amparo” [3], declaratorio de la inconstitucionalidad del primer párrafo del artículo 45 de la ley 22.285, por considerar restrictiva dicha cláusula, ya que admitía únicamente como licenciatarios a las personas físicas o sociedades comerciales regularmente constituidas en el país.

Al parecer, la amplitud de la norma es recibida con beneplácito al otorgar la posibilidad de ingreso de las cooperativas de trabajo en la prestación de la radiodifusión. Sin embargo, tal como lo resaltamos anteriormente, esa situación es permitida únicamente cuando no exista otro licenciatario prestando de manera efectiva el referido servicio.

Adviértase que la ley ha procurado preservar a los medios de comunicación existentes, impidiendo la participación de las cooperativas ante una supuesta competencia desleal en la prestación radiodifusora. Una clara muestra de discriminación en el acceso a difundir e investigar conforme lo prevé el art. 13 del Pacto de San José de Costa Rica que posee jerarquía constitucional conforme lo establece el Art. 75 Inc. 22 de la Norma Fundamental.

¿Qué prevé sobre este punto el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, presentado por el Ejecutivo al Congreso Nacional?

Dicho proyecto dispone en su Art. 25 que las empresas prestadoras del servicio público telefónico podrán ser titulares de licencias de televisión mientras aseguren: la interconexión con otros operadores; la portabilidad numérica entendida como derecho del cliente o usuario; la interoperabilidad de redes; la existencia de opciones desmonopolizadas de acceso al y del Sistema Nacional de Telecomunicaciones interno y al exterior; poner a disposición de los demás proveedores de servicios la información técnica sobre las facilidades esenciales y la información comercial pertinente que éstos necesiten para suministrar servicios.

Al igual que lo establece la actual redacción del art. 45 de la ley 22.285, para que una licenciataria de servicio público pueda ejercer la titularidad de televisión por suscripción deberá: conformar una unidad de negocio y llevarla por separada de la que implica la prestación del servicio público. De igual forma deberá llevar una contabilidad por separado y facturar así también las prestaciones de ese servicio; no incurrir en prácticas anticompetitivas como prácticas atadas y subsidios cruzados, entre otras limitaciones.

En la explicación de motivos que brinda el proyecto de Ley elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional se destaca que se tomó en consideración precisamente la redacción del Decreto 62/90, por el cual se dispuso la privatización del servicio de telecomunicaciones.

Así sostiene el proyecto que “se postula un régimen que permita por excepción el inicio de un proceso de transición que reconozca las particularidades del sector de las telecomunicaciones y radiodifusión de la Argentina (…) con el propósito de no generar escenarios de obsolescencia regulatoria en caso de rápidas modificaciones y/o de configuración de tales sectores”.

Lo que vendrá es el Triple Play, un negocio que genera interés. En una interesante editorial, el director del diario PERFIL, Jorge Fontevecchia, se refiere al Triple Play expresando que “en la Argentina ya existe el duo play; Telefónica y Telecom brindan por sus mismos cables el servicio de voz y de acceso a Internet. Al revés, el duo play de Clarín brinda cable y acceso a Internet. Las tres empresas tienen una cantidad similar de abonados a acceso a Internet: Speedy de Telefónica, 1.250.000 abonados; Arnet de Telecom, 1.100.000, y Fibertel de Cablevisión/Multicanal-Clarín, 1.000.000”.

Agrega que “la conexión a Internet es donde hoy compiten las tres, (dos dan voz y la otra TV por cable) y se supone que de autorizarse el triple play cada una mantendría su algo más de un millón de abonados, pero a los tres servicios en lugar de a dos. Eso significaría que Telefónica y Telecom perderían algo más de un millón de clientes de telefonía de línea que pasarían a Cablevisión/Multicanal-Clarín, y Clarín perdería un millón de abonados a la TV por cable que pasarían a ser provistos por Telefónica y Telecom. El problema para Clarín es que un abono de telefonía básico cuesta alrededor de 20 pesos mensuales, mientras que uno de televisión por cable, también básico, alrededor de 110 pesos. Lo que tiene para ganar y perder cada uno no pesa lo mismo” [4].

Más allá del detalle de los datos puntuales sobre la cantidad de eventuales abonados e importes que deberían abonar para contar con el servicio del triple play en sus hogares, es de destacar una reciente medida adoptada por la Secretaría de Comunicaciones de la Nación justamente a casi un año de la notoria disputa que mantiene el gobierno Nacional con el Grupo Clarín, desde que se suscitó el conflicto con el campo por la famosa Resolución 125, que disponía un cambio en el porcentual de retenciones por la exportación de siembra.

Nos referimos a que mediante la Resolución 146/09 -publicada en el Boletín Oficial el pasado 3 de julio de 2009-, por la cual la Secretaría de Comunicaciones de la Nación le otorgó a la empresa Fibertel del Grupo Clarín numeración geográfica y no geográfica para prestar telefonía local. Sin embargo, aún le queda pendiente un tema fundamental para poder incursionar en el mercado telefónico: que las actuales prestatarias del servicio le entreguen las tramas de interconexión para poder prestar el mismo [5].

Concretamente, la referida resolución le otorgó al Servidor de Internet de Clarín 30.000 números para el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA); 5.000 para Rosario, Santa Fe, La Plata y Córdoba; y 1.000 para Bahía Blanca, Campana, Escobar, Mercedes (Buenos Aires), Zárate, Luján y Paraná. Además, le adjudicó 100 números para los servicios 0610, 0611 y 0612; 10.000 para cobro revertido automático (0800) y la misma cantidad para cobro compartido (0810).

Esta última medida permite advertir que, más allá de las autorizaciones que conceda la Secretaría de Comunicaciones, por el momento siguen persistiendo soluciones parciales y parches en lo que respecta a ir camino a un desarrollo amplio del Triple Play. La deseada reforma de la ley de radiodifusión va de la mano con la unicidad y acercamiento cada vez mayor entre los regímenes de radiodifusión y telecomunicaciones los cuales – vaya casualidad – ambos datan de la época de la última dictadura militar. Tal como se sostuviera al comienzo, por el momento las Empresas licenciatarias del servicio público telefónico no se encuentran autorizadas por ley para brindar el Triple Play.

Es deseable que el ingreso de una pluralidad de prestadores del servicio único de Internet, TV, radio y telefonía beneficie – por supuesto y principalmente – a la persona como consumidor y titular del derecho humano de recibir, investigar y difundir información. Para ello será preciso que el Estado cumpla un rol fundamental consistente en evitar concentraciones empresarias y tendencias monopólicas que en cierta forma puedan generar una suerte de censura indirecta prohibida por el art. 13 del Pacto de San José de Costa Rica.

Sin dudas que el Triple Play es un negocio tentador tanto para las empresas que actualmente se desenvuelven en la radiodifusión para poder ampliar la esfera de sus negocios, como así también para las licenciatarias del servicio público telefónico ya que cuentan con la infraestructura tecnológica a través de la cual se puede proveer Internet, TV y telefonía.

El desafío de encontrar un equilibrio entre los intereses particulares y de la sociedad toda está en juego. Merece que el debate legislativo sea serio y no pierda el objetivo central de proteger el derecho de todo ser humano a contar con una pluralidad de fuentes de información.

Fuentes citadas por el autor:

[1] Schiffer, Claudio – Porto Ricardo, “Radiodifusión Marco Regulatorio”, Ed. Universitas SRL, 2006, pág.175

[2] 19.798 -Adla, XXXII-C, 3422-) trataba en sus Capítulos V y VII a la radiodifusión. Cabe destacar que también se trata de una ley emanada durante la dictadura militar.

[3] CSJN, 1/9/2003, Expte A. 215. XXXVII.

[4]”¿¡Qué querés Clarín!?” Jorge Fontevecchia. Ver http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0349/articulo.php?art=13415&ed=0349

[5] “Avance para que el Grupo Clarín ofrezca telefonía” Ver http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1150607

- Manuel Larrondo es Abogado (UNLP). Docente de la Cátedra II Derecho de la Comunicación, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. Director del Instituto de Derecho de los Medios de Comunicación (Área Académica), del Colegio de Abogados del Departamento Judicial La Plata, provincia de Buenos Aires.

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Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata.

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Víctor Ego Ducrot

El gobierno argentino trabaja para que el Congreso convierta en ley su proyecto sobre servicios de comunicación audiovisual, en reemplazo de la norma de la dictadura. El enemigo contraataca.

¿Viejos centuriones romanos? ¿Paramilitares de la palabra? ¿Terroristas de la imagen? Ya tienen su general o mariscal de campo. Se llama Grupo Clarín y está dispuesto a todo, si acaso a la guerra sucia, para impedir que de una vez por todas los argentinos cuenten con un marco jurídico pluralista y antimonopólico, que regule lo que es de patrimonio público –las frecuencias de radio y televisión- y garantice el derecho de los individuos y de la sociedad a informar y estar informados.

En sus puntos sobresalientes, el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual presentado al Congreso esta semana por el Poder Ejecutivo, propone lo siguiente.

Darle nuevo marco legal al sector, hasta ahora regido regidos por la ley 22.285, heredada de la dictadura militar. La iniciativa apunta a desconcentrar y democratizar la propiedad de los medios e impulsa la creación de nuevos.

Con el fin de impedir la formación de monopolios y oligopolios, pone límites a la concentración, fijados por cantidad de licencias y por tipo de medio.

Sólo se podrá tener una licencia de servicio de comunicación audiovisual sobre soporte satelital.

Hasta 10 señales sonoras, de televisión abierta o cable (la ley actual permite que una persona sea dueña de 24). Hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción.

A ningún operador se le permitirá que dé servicios a más del 35 por ciento del total de la población del país o de los abonados, en el caso que corresponda.

Quien maneje un canal de televisión abierta no podrá ser dueño de una empresa de distribución de TV por cable en la misma localidad, y viceversa.

Las licencias durarán diez años (hoy son por 15) y se podrán prorrogar por diez años más, previa realización de audiencias públicas. Quienes hayan obtenido una renovación o prórroga, no podrán solicitar una nueva extensión de plazo por ningún título.

Las licencias serán controladas cada dos años, para evitar que con la incorporación de nuevas tecnologías –la digitalización– un licenciatario multiplique sus señales, generando un nuevo modo de concentración.

Los responsables de los medios deberán mantener una carpeta de acceso público donde figure toda la información relevante del licenciatario.

Para ser titular de una licencia se evaluarán criterios de idoneidad y de arraigo en la actividad. Se excluirá a quienes hayan sido funcionarios jerárquicos de gobiernos de facto.

El Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tendrán asignadas frecuencias. (Hasta ahora sólo se preveía a Canal 7 como empresa comercial.)

Se creará la sociedad de Estado Radio y Televisión Argentina, que tendrá a su cargo la administración, operación, desarrollo y explotación de los servicios de radiodifusión y televisión del Estado.

Las universidades podrán tener emisoras sin restricciones. Ya no tendrán obligación de constituir sociedades comerciales.

La televisión abierta y el cable deberán emitir cine nacional. Como mínimo tendrán que difundir en estreno televisivo seis películas al año.

Podrán “optar por incluir en la misma cantidad, hasta dos telefilms, en ambos casos producidos mayoritariamente por productoras independientes”.

Se le exigirá a la TV además que el 60 por ciento de su producción sea nacional.

Las radios deberán emitir un mínimo de setenta por ciento de producción nacional. Por lo menos el treinta por ciento de la música deberá ser de autores o intérpretes argentinos.

Los derechos exclusivos de transmisión del fútbol no deberán perjudicar el derecho de los ciudadanos a seguir los partidos en directo y de manera gratuita, en todo el territorio nacional. Para esto, la Secretaría de Medios de Comunicación realizará un listado anual de los acontecimientos deportivos de interés general, que serán de acceso universal.

Los criterios para elaborar el listado serán tres: “Que el acontecimiento haya sido retransmitido o emitido tradicionalmente por televisión abierta, que su realización despierte atención de relevancia sobre la audiencia de televisión y que se trate de un acontecimiento de importancia nacional o de un acontecimiento internacional relevante con una participación de representantes argentinos en calidad o cantidad significativa”.

El tiempo de publicidad en la televisión paga estará reglamentado.

Habrá medidas parafiscales para desalentar la inversión de publicidad en el exterior del país, tales como hacen otros estados como Canadá. Por ejemplo, no se permitirá deducir del impuesto a las ganancias lo invertido en publicidad en el extranjero.

Las entidades sin fines de lucro podrán tener licencias de radiodifusión (la ley de la dictadura sólo concebía a la radiodifusión como una actividad comercial. En el año 2005 el Congreso permitió a las personas jurídicas sin fines de lucro ser titulares de licencias, pero con restricciones). La nueva ley reservará el 33 por ciento del espectro para asociaciones, fundaciones, mutuales y otras organizaciones sin fines de lucro.

Se promoverá la regularización de los medios comunitarios.

En relación con el triple play (la posibilidad de dar los servicios de Internet, teléfono y cable en un mismo soporte), las empresas telefónicas podrán hacerlo cumpliendo una serie de requisitos, entre ellos demostrar que el 70 por ciento de su capital es de origen argentino.

El organismo que regulará los Servicios de Comunicación Audiovisual será dirigido por un órgano colegiado integrado por representantes de la Legislatura nacional, de la segunda y tercera minoría, y representantes del Poder Ejecutivo nacional.

El Proyecto establece un año de plazo para que las empresas se adecuen a la nueva legislación.

La iniciativa gubernamental ingresó al Congreso el jueves de la semana pasada. El Grupo Clarín puso a todos sus medios y “periodistas estrellas” en la primera línea de combate contra el gobierno nacional. A minutos de conocerse la decisión oficial de llevar la cuestión al congreso, en su título central de portada, el diario calificó a la iniciativa de proyecto de “control de medios”, fijando así las bases discursivos de su ofensiva.

A partir de ese momento, las páginas impresas y electrónicas de Clarín, las pantallas de los canales TV 13 (de aire) y TN (de noticias por cable) y los micrófonos de Mitre (radio), como así también su red de medios diseminados por el todo el país, cumplieron la orden al pie de la letra y a todos les falto espacios y tiempos para criticar, denunciar, fustigar y descalificar al gobierno, respecto del tema que fuere.

El jueves último, mientras la comisión especializada de la Cámara de Diputados comenzaba la discusión pendiente desde hace casi 30 años, el Grupo Clarín emitió un duro comunicado antigubernamental –acusando al Ejecutivo de “ilegal”- debido a que el órgano competente del Estado (el COMFER) rechazó por monopólico el acuerdo de fusión entre las empresas de TV por cable Multicanal y Cablevisión, un intento del propio Grupo Clarín de adueñarse del segmento mayoritario del mercado.

En varios de su estudios difundidos durante los últimos 12 meses, el Observatorio de Medios de Argentina (ver elobservatoriodemediosdeargentina.blogspot.com y www.pecyp.com.ar) alertaron sobre las técnicas utilizadas por el Grupo Clarín y otras corporaciones mediáticas para descalificar al gobierno y al Estado, en campañas que, como la desplegada en torno al conflicto entre éste y las patronales agropecuarias, bordearon los límites de la legalidad.

El gobierno nacional puso sobre el tapete un tema vital para el funcionamiento democrático del país: una ley que acabe con el marco jurídico que la dictadura le dio al uso de los espacios radioeléctricos, el mismo que le permitió al Grupo Clarín y a otras corporaciones consagrarse como dueños casi exclusivos de la palabra y las imágenes de los argentinos.

La derecha en sus más diversos pelajes –mediática, económica y política- comenzó a rugir como una fiera herida. Los bloques opositores en la Cámara de Diputados, con el fin de ganar tiempo, sostuvieron que el tema debe ser debatido durante dos meses en foros abiertos en todo el país, porque, sostuvieron, el tema amerita tal discusión.

Se trata de una maniobra de increíble hipocresía. Durante los últimos meses, y a iniciativa del COMFER, el proyecto de ley fue analizado y discutido en cientos de mesas redondas y encuentros realizados en todas las provincias, con la participación de universidades, movimientos sociales, sindicatos, partidos políticos e instituciones del más amplio espectro. Las corporaciones mediáticas y la derecha en general desconocieron, silenciaron o fustigaron esos debates.

En tanto, otros espacios políticos autoproclamados progresistas pero fervientes opositores al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, también salieron al cruce del proyecto de ley, con argumentos como que el mismo favorecería a otras empresas concentradas – a las de telecomunicaciones, por ejemplo – y otros que alertan sobre el peligro que implica el eventual no reconocimiento de tratos internacionales que protegen a las inversiones extranjeras. Es decir, una mezcla rara de señalamientos por izquierda y por derecha, un gesto siempre eterno de esos ámbitos, tendiente a desconocer la dimensión de lo político, con sus contradicciones y correlaciones de fuerzas reales.

Más allá de que la iniciativa gubernamental pueda y deba ser perfeccionada – para cortarle el paso a toda otra posible construcción monopólica que surja de las telecomunicaciones y de las nuevas tecnologías- y de que muchos de sus puntos indudablemente quedaran sujetos al decreto de reglamentación que requiere la aplicación de la norma, lo cierto es que, el 3 de septiembre de 2009, el Congreso comenzó a tratar un tema que el sistema democrático había dejado pendiente.

- Victor Ego Ducrot es director de la Agencia Periodistica del Mercosur y docente de la Facultad de Periodismo de la UNLP.

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¿Cuántas caras tiene la pobreza? Y valdría preguntarse cuántas el amor familiar. Demasiadas, para llevar las estadísticas que se van incrementando segundo a segundo, con los nuevos llantos que dan la bienvenida a la vida. “Un niño mas, un pan menos” cuando diez hermanos mayores lo preceden

Latinoamérica es el resultado de profundas transformaciones y desigualdades sociales, producto de la aplicación de  diversas recetas políticas a través de los diferentes líderes enfrentados a la guía de un país sin una visión concreta y continua  donde ejecutar un plan de prevención que ponga a buen recaudo la salud del pueblo. La palabra prevención remite  la antelación a una futura acción ó consecuencia eventual.

No obstante, en la indigencia, penuria y escasez en la mente de un avispado productor mexicano ideo la fórmula perfecta para matar dos pájaros de un solo tiro. Tiro certero aunado a producir rating le anexó una lágrima a la pantalla e instituyo un reglamento para alcanzar la salud. Un estatuto cuyo principio fundamental entretener, vaya de la mano con la esperanza a una posible curación y surgió la franquicia “Bailando por un Sueño”, repitiendo el mismo modelo en toda América latina y parte de Europa con sus respectivos matices  regionales desde luego.

 Un programa canalizador de la ilusión, incertidumbre, y ganas de conseguir un objetivo por lo general ligado a una operación necesaria o tratamiento extraordinariamente costoso. Casos nada comunes para la comunidad: Niños con parada de gallina, o mujeres despellejándose vivas por raros males. Así, por el estilo, muchos, invisibles para el estado hasta que la televisión lo presenta en reportajes elaborados por la producción del programa. Producción que sabe tocar el corazón   de la teleaudiencia y el bolsillo de los auspiciadores promocionando en el horario preminun su producto con “humanidad” mientras un representante del enfermo, ó sea “Soñador”, acepta el reto de bailar y romperse el lomo por una temporada superando los 40 puntos de sintonía sabatina.    

La porción altruista que apacienta las ovejas y les permite sentir a Dios viviendo en sus pechos, a la larga se hace visible, es verdad, los ganadores luego de muchas semanas convenciendo a familiares, amigos y enemigos que agoten el saldo de sus teléfonos prepago enviando mensajes de texto para incrementar la votación ven cristalizados sus afanes y logran obtener el sudado regalo, por fin creen en la justicia divina, luego de someterse a la justicia poéticamente comercial. Bailando por la salud dejo de ser un ensueño y el alma llorosa en definitiva deja de susurrar en los confines de la iglesia

Salim Lamrani

El 2 de agosto de 2009, Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó un comunicado denunciando el cierre de «treinta y cuatro medios audiovisuales sacrificados por capricho gubernamental» en Venezuela. La organización parisina «protesta con vigor contra el cierre masivo de medios audiovisuales privados» y pregunta: «¿Acaso todavía está prohibido emitir públicamente la menor crítica hacia el gobierno bolivariano? Este cierre masivo de medios de oposición, peligrosa para el porvenir de debate democrático, sólo obedece a la voluntad gubernamental de callar las voces discrepantes, y sólo agravará las divisiones en el seno de la sociedad venezolana» (1).

RSF se refiere a la decisión que tomó la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) el 1 de agosto de retirar la frecuencia a treinta y cuatro emisoras de radio y televisión. Según RSF, sólo el hecho de que estos medios se hayan mostrado críticos con el gobierno de Hugo Chávez motivaría la decisión. En una palabra, se trataría de un acto político para acallar la prensa de oposición. La gran mayoría de los medios occidentales ha transmitido esta versión (2).

Ahora bien, la realidad es otra que RSF y las multinacionales de la información han ocultado cuidadosamente con el objetivo de engañar a la opinión pública y presentar al gobierno más democrático de América Latina (Hugo Chávez se ha sometido a quince procesos electorales desde que accedió al poder en 1998 y ha salido victorioso de catorce en escrutinios celebrados por el conjunto de la comunidad internacional por su transparencia) como un régimen que atenta gravemente contra la libertad de expresión.

En efecto, la decisión de la Conatel se habría tomado en cualquier país del mundo en una situación similar. Varias radios ignoraron deliberadamente una citación de la Comisión destinada a averiguar el estado de la concesión y a actualizar su situación.. Después de una investigación, la Conatel descubrió numerosas irregularidades, tales como la existencia de concesionarios fallecidos cuya licencia era utilizada por una tercera persona, la no renovación de los trámites administrativos obligatorios, o simplemente la ausencia de autorización para emitir. Ahora bien, la ley venezolana, similar a las del resto del mundo, estipula que los medios que no renueven su concesión en el plazo legal o emitan sin autorización perderán su frecuencia y ésta volverá al ámbito público. Así, treinta y cuatro emisoras que emitían ilegalmente perdieron su concesión (3).

En realidad, la decisión de la Conatel, lejos de limitar la libertad de expresión, ha puesto fin a una situación ilegal y ha abierto una política de democratización del espectro radioeléctrico venezolano con el fin de entregarlo al servicio de la colectividad. En efecto, en Venezuela, el 80% de las radios y televisiones pertenecen al ámbito privado, mientras que sólo el 9% de ellas son públicas, siendo el resto para los sectores asociativo y comunitario. Además, el conjunto de los medios privados venezolanos está concentrado en manos de 32 familias (4).

Así, RSF y los medios occidentales han manipulado totalmente una medida de rutina de la Conatel para poner fin a una situación ilegal.

RSF ha elegido su campo defendiendo a ultranza a la oposición venezolana, responsable de un golpe de Estado contra Chávez en abril de 2002, golpe que la organización parisina avaló inmediatamente. RSF defiende particularmente al canal golpista Globovisión, al que considera como el símbolo de la libertad de expresión en Venezuela (5). No obstante, omite señalar que además de su participación activa en el golpe de 2002, Globovisión apoyó el sabotaje petrolero ese año, lanzó un llamado a los contribuyentes para que no pagaran sus impuestos y llamó a la insurrección y al asesinato del Presidente Chávez (6).

Últimamente, Globovisión brindó su apoyo a la junta golpista de Honduras que derrocó al Presidente democráticamente elegido José Manuel Zelaya, unánimemente condenada por la comunidad internacional. El propietario del canal, Guillermo Zuloaga Núñez, reconoció al gobierno ilegal de Micheletti, lanzando al mismo tiempo un llamado al golpe de Estado en Venezuela: «El gobierno usurpador de Micheletti está ajustado a la Constitución, y nosotros quisiéramos, nos encantaría que aquí en Venezuela se respetara la Constitución como se está respetando en Honduras» (7).

RSF no defiende la libertad de expresión en Venezuela. Prefiere ponerse al lado de los enemigos de la democracia.

Revisado por Caty R.

 Notas

 (1) Reporteros Sin Fronteras, «Trente-quatre médias audiovisuels sacrifiés par caprice gouvernemental», 2 de agosto de 2009. http://www.rsf.org/Trente-quatre-medias-audiovisuels.html (sitio consultado el 3 de agosto de 2009).

(2) Agencia Bolivariana de Noticias, «Productores independientes respaldan suspensión de emisoras radiales ilegales», 4 de agosto de 2009.

(3) Fabiola Sánchez, «Radios desafían a Chávez operando por Internet», The Associated Press, 3 de agosto de 2009.

(4) Thierry Deronne, «Au Venezuela, la bataille populaire pour démocratiser le 'latifundio' des ondes», 2 de agosto de 2009. En español: La batalla popular para democratizar el latifundio de las ondas; Agencia Bolivariana de Noticias, «Medida de Conatel no afectará libertad de expresión e información en Venezuela», 4 de agosto de 2009.

(5) Reporteros Sin Fronteras, «Le gouvernement accélère sa croisade contre les médias privés en voulant modifier les lois et les règles», 21 de julio de 2009.

(6) Salim Lamrani, «Reporters sans frontières contre la démocratie vénézuélienne», Voltaire, 2 juillet 2009. En español: Reporteros Sin Fronteras contra la democracia venezolana.

(7) Agencia Bolivariana de Noticias, «Globovisión apoya marcha a favor de gobierno golpista en Honduras», 22 de julio de 2009.

Salim Lamrani es profesor encargado de cursos en la Universidad París Descartes y en la Universidad Paris-Est Marne-la-Vallée y periodista francés, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Ha publicado, entre otros, Doble Moral. Cuba, la Unión Europea y los derechos humanos (Hondarriaba: Editorial Hiru, 2008). Su nuevo libro se titula Cuba. Ce que les médias ne vous diront jamais (París: Editions Estrella, 2009) con un prólogo de Nelson Mandela.

Contacto: lamranisalim@yahoo.fr ; salim.lamrani@parisdescartes.fr